Vamos a hablar claro: la patronal eléctrica española constituye un cártel, un oligopolio dominado por unas pocas empresas que impone sus precios sin tener en cuenta el daño inmenso que hacen a nuestra economía, a nuestros hogares. En España la electricidad es tan cara que hace ya años se acuñó el término “pobreza energética”, que alude a una realidad lamentable en nuestro país: el de los hogares que no pueden calentarse en invierno o hacer funcionar sus electrodomésticos, ni siquiera encender las luces o cocinar, porque lisa y llanamente no pueden pagar la factura de la luz.
En España poseemos una enorme sobrecapacidad de producción de energía eléctrica, de un 100% aproximadamente. Es decir, podemos producir el doble de la electricidad media que necesitamos. Pero el más mínimo pico de consumo hace que el mercado mayorista de esta energía, dominado por el cártel de las compañías eléctricas, suba los precios del kilovatio/hora hasta cotas astronómicas. No les importa en absoluto el daño que causan, solo el beneficio que obtienen. Cada vez que el gobierno de turno se descuelga con alguna medida, siempre tibia, que puede hacer descender levemente el recibo de la luz para familias y empresas, la patronal eléctrica responde con subidas desproporcionadas e injustificadas, culpando curiosamente al gobierno (de nuevo de turno) de los altísimos precios de la electricidad.
Pues bien, ha llegado el momento de tomar medidas drásticas. Durante muchos años buena parte de la producción de energía eléctrica estuvo en manos del estado, siendo los precios del mercado eléctrico español regulados por el mismo. Y curiosamente, y a pesar de tratarse de un estado en teoría de extrema derecha, los precios eran relativamente baratos, porque de ellos dependía buena parte de la productividad de nuestra economía y del bienestar de las familias. Y eso que la demanda, comparada con la oferta, era más alta que la actual. Pero los sucesivos gobiernos democráticos privatizaron por completo el sector y solo actuaron en él mediante la instauración de impuestos y peajes; nunca mediante una regulación real de precios que impida la especulación.
La producción eléctrica es un sector estratégico de la economía del país. Dejarla por completo en manos de la iniciativa privada, que ha demostrado mil veces en este sector que solo busca el beneficio y al coste que sea, es lisa y llanamente suicida. Si no fuera porque hay que guardar las formas, me atrevería a decir que las eléctricas son auténticas traidoras al interés nacional, cosa que curiosamente olvidan esos que llaman traidores a la patria a quienes, simplemente, no piensan como ellos. Por ello la producción y distribución de energía eléctrica debe convertirse en un servicio público y dejar de ser un negocio y un obstáculo para el desarrollo y el bienestar del país. Y para ello hay un mecanismo previsto en la Constitución: la nacionalización del sector.
Naturalmente habrá muchos y muchas que abominen de esta solución en nombre de la libertad; mejor dicho, de eso que ell@s llaman libertad, que no significa otra cosa que la impunidad de muchas empresas (¡ojo!: no todas son iguales) para arruinar al país y a sus habitantes, ese país que dicen defender hasta la muerte… de los demás. Naturalmente las eléctricas responderían con denuncias y recursos, comprarían voluntades y medios de comunicación, y también con campañas publicitarias en las que se harían pasar por dignísimas protectoras el país y de sus habitantes, defensoras a ultranza del medio ambiente y eficacísimas gestoras de un sector eléctrico que sería destruido por la gestión pública, a la que acusarían de ineficaz y paralizante. Vamos, lo que suelen decir las mentes privatizadoras que han gobernado España en las últimas décadas y que lo único que han conseguido es que los españoles paguemos más por un servicio peor allá donde la iniciativa privada se ha hecho con la gestión de antiguos servicios públicos.
Así que, señores del gobierno: déjense de medias tintas, de medidas que nunca perjudican al oligopolio eléctrico y siempre a los consumidores, y acometan ya la nacionalización de un sector eléctrico español que ha demostrado hasta la saciedad su nulo interés por España, por sus empresas y sus familias. Unas empresas y unas familias que notaremos inmediatamente la diferencia.
Y además, para bien.
