Resultaba que al cumplir el chico 25 años, y sin importar en absoluto su situación laboral o económica o la de sus padres, automáticamente era excluido a efectos fiscales de la unidad familiar. Lo cual tiene unas consecuencias enormemente onerosas para la economía de la misma.
En primer lugar el mínimo vital por el hijo que hasta entonces se descontaba de los ingresos familiares desaparecía. Ello tiene como consecuencia inmediata un aumento teórico de la renta por persona en la familia, que se traduce también en un aumento considerable de las retenciones por el IRPF en los salarios de madre y/o padre, una disminución de las deducciones y, al final, el pago de un tipo mayor de IRPF.
No acaba aquí la cosa. Este aumento teórico de la renta disponible por miembro de la unidad familiar hace que muchas veces los hermanos más pequeños o el mismo chico o chica que ha cumplido los 25 pierdan de golpe las ayudas al estudio o becas de las que disfrutaban, viéndose obligadas las familias a tener que afrontar esos gastos, si es que pueden. Y no sólo pueden perderse las becas, sino también las ayudas de otro tipo que se conceden en función de la renta familiar disponible.
En resumen: cumplir los 25 atrae inmediatamente el castigo del estado. Además, y para mayor injusticia, da igual, como me ha sucedido a mí personalmente, que tu hija los cumpla en pleno diciembre; Hacienda no te permite hacer dos declaraciones, una para cada periodo del año, sino que considera que tu hijo o hija nació el uno de enero del año en cuestión, y te aplica el castigo desde esa fecha.
¿Y por qué digo castigo? Pues porque, en la mayoría de los casos y más aún hoy en día, el hijo o la hija ni están trabajando ni ganando dinero ni han acabado de estudiar, ya que intentan completar su formación con vistas a competir mejor en el durísimo mercado laboral. Es decir, la familia sigue haciéndose cargo del mantenimiento y formación del chico o chica, pero ahora con menos recursos todavía.
¿Por qué se tomaron en su momento medidas como ésta? Puede que fuera para impedir el fraude que se producía cuando hijos con recursos propios o trabajo seguían (o no) viviendo en casa de sus padres y constaban en ellas como no trabajadores. Vale, es algo que pasaba con bastante frecuencia. También se buscaría el obligar a los jóvenes a buscar trabajo y a abandonar la dependencia de la familia. Pero hoy por hoy las cosas son muy distintas. El paro juvenil afecta a casi la mitad de la población de esta edad y es muy difícil encontrar un trabajo. Peor aún, aquellos jóvenes que tienen trabajo cobran por él sueldos tan bajos que ni en el más optimista de sus sueños podrían independizarse. Incluso con trabajo este está tan mal pagado que los chicos y chicas tienen que recibir ayuda de sus padres en forma de manutención o dinero para poder sobrevivir.
¿Le importa esto al estado? El estado conoce perfectamente el problema, pero parece que no le importa en absoluto, porque es una buena manera de aumentar sus ingresos a costa casi siempre de los menos pudientes y sin molestar prácticamente a los más poderosos. Porque, eso sí, para los que más tienen existe toda una panoplia de ayudas y deducciones que hacen que al final no paguen prácticamente nada.
En realidad sería hoy en día bastante sencillo, con los medios informáticos y los datos que posee Hacienda de todos los españoles, llevar un control bastante riguroso del posible fraude en estas cuestiones. Es en buena medida cuestión de voluntad: la voluntad de hacer un poco menos difícil la vida de cientos de miles de familias españolas. Pero me temo que esa voluntad falta, por lo que habría que inducirla en el estado a través de los medios de presión que tenemos los ciudadanos. Porque ten en cuenta, querida lectora o lector, que prácticamente todos pasaremos antes o después por esta situación, y este castigo del estado puede complicar la vida y el futuro a muchas, demasiadas familias que siempre están al límite de sus recursos económicos. Deberíamos ponernos ya manos a la obra.
Por nuestro futuro, pero sobre todo por el de nuestros hijos.
