La Constitución, entre otras cuestiones, trata de la riqueza del país y su gestión. En el artículo 128 establece que “toda la riqueza nacional, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”. Por otra parte la Carta Magna se ocupa también del acceso de los ciudadanos a la vivienda en el artículo 47, afirmando que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Resumiendo, y sin que quepa en teoría matización alguna: los españoles y españolas tenemos derecho a una vivienda digna, el estado debe garantizar este derecho y si es necesario, y sin carácter confiscatorio, deberá adecuar la economía o parte de ella para hacer efectivo este derecho.
El actual gobierno ha anunciado que va a tomar una serie de medidas legales para frenar el aumento desbocado de los alquileres en las ciudades españolas, una de las causas principales de las dificultades económicas de millones de ciudadanos de nuestro país. Se pretende también frenar la especulación, que se dirige de nuevo a la creación de una burbuja inmobiliaria como la que nos llevó al desastre hace una década.
La reacción de la derecha y de la ultraderecha españolas ha sido la cabía esperar de quien fue responsable de la anterior burbuja. Al grito de libertad han rechazado de plano cualquier medida regulatoria del mercado de la vivienda, ya que perjudica seriamente a los propietarios de viviendas para alquiler. Curiosa reacción, ya que apenas se han desgranado las medidas que se van a tomar al respecto. Eso sí, sí se conocen algunos extremos de las mismas, como el hecho de que se obligará a los fondos buitre y a los grandes propietarios a dedicar una parte de su parque de vivienda a garantizar, mediante pago naturalmente, el derecho a tener un hogar digno. Según los partidos de derecha y extrema derecha, el libre mercado arreglará todos los males y ofrecerá vivienda adecuada a todos los ciudadanos. Vamos, como ha venido haciendo siempre.
Lo de la derecha y la extrema derecha españolas con respecto a la vivienda es difícilmente comprensible. A nivel europeo incluso los partidos conservadores de nuestros socios de la Unión han desarrollado activas políticas de vivienda para que esta no se convierta en el principal problema económico de las familias de sus países, creando un parque de vivienda social que garantice, mediante el pago de un alquiler razonable, que sus ciudadanos puedan acceder a una vivienda de alquiler sin pasar por ello hambre y necesidad. Sin embargo en España la derecha se ha dedicado en cuerpo y alma a privatizar los parques de vivienda social garantizando el beneficio a fondos buitres especuladores y echando a la calle, literalmente, a miles de familias que no tienen capacidad de pagar un alquiler con los disparatados precios que alcanzan en la actualidad. Por no hablar de los miles (sí, miles) de casos de corrupción urbanística que, aunque repartidos, salpican en su mayoría a políticos de la misma derecha que afirma sin rubor que el mercado libre lo arregla todo.
Y fíjense ustedes que son esos mismos políticos quienes tanto y con tanto entusiasmo hablan del cumplimiento de la Constitución Española. Una Constitución que dice claramente lo que dice, sin ambages ni circunloquios en estas cuestiones. Esos mismos políticos cuyas medidas al respecto desencadenaron una burbuja urbanística que enriqueció a unos pocos (muchos de ellos relacionados más que directamente con los máximos representantes de esta opción política) y empobreció al resto, a todos los que nos hipotecamos casi de por vida para acceder a una vivienda familiar en la que alojarnos; que no hablo yo del apartamento en la playa o del chalé en la sierra, sino del modesto piso en un barrio cualquiera de cualquier ciudad española.
Naturalmente, se nos amenaza con la confiscación de nuestras casas y el bolchevismo si esta ley de la que no se conoce todavía casi nada sale adelante. Y avisan de que la recurrirán al Constitucional sin siquiera conocer de qué va, y en el colmo de la hipocresía, juran y perjuran de que no la cumplirán allí donde gobiernan. Aunque allí donde gobiernan, curiosamente, ejercen la representación ordinaria del estado, cuyas leyes deben obedecer y poner en práctica. Es sorprendente que luego acusan a otros, como los independentistas catalanes, de hacer exactamente lo mismo que lo que ellos prometen hacer.
Y es que para algunos la hipocresía es la única forma que conocen de hacer política.
