Nuestra propia Constitución así lo reconoce en varios artículos, afirmando que todos tienen el derecho a la educación, que ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación.
Bellas y profundas palabras. Lo único que tienen de malo es… que no se cumplen.
Vamos por partes. Como sabéis, queridos lectores y lectoras, la educación se divide en varias etapas: infantil, primaria, secundaria y universitaria. Las dos primeras y parte de la tercera son enseñanzas obligatorias o casi (en el caso de una parte de infantil). Por ello debería ser completamente gratuito cursarlas. Pero no es así.
Estudiar infantil resulta muchas veces problemático, en especial en los casos de los niños más pequeños. La oferta pública de plazas en guarderías y colegios resulta insuficiente, sobre todo en el caso de las primeras, lo que obliga a los padres a recurrir a centros privados, concertados en algunas ocasiones pero en otras no. Los precios son variables, pero casi siempre resultan onerosos para la mayoría de las familias, que recurren si pueden a parientes y amigos para el cuidado de los niños más pequeños. Después, en la segunda etapa de infantil, empiezan los gastos: que si cuadernos, que si pinturas, que si fotocopias, que si babys o, en algunos casos, uniformes, que si transporte (que no es sufragado en demasiados casos por ninguna administración), que si aportaciones para diversas actividades… Es curioso, pero cuando uno se pone a buscar el gasto medio por familia en educación infantil, no es fácil encontrar estadísticas, y hay que recurrir a los estudios de organizaciones de consumidores según los cuales el coste medio que cada familia paga por cada uno de sus hijos en infantil para el presente curso es de 1236 euros al año, menor si el centro es público y mayor si es concertado o privado. Hay otros estudios, pero algunos de ellos dan totales sospechosamente bajos. Multipliquemos la cantidad vista en el caso de dos o más hijos y saque el lector las conclusiones que tenga que sacar.
Y una vez superada la infantil, nos plantamos en la educación primaria. Aquí el coste medio aumenta hasta los 1368 euros, dependiendo también lo que debemos pagar del tipo de centro al que llevemos a nuestros hijos. Y cuando nuestras hijas e hijos llegan a la ESO, curiosamente el coste medio desciende algo, hasta los 1.161 euros, estando de nuevo el precio a pagar por los estudios en función del tipo de centro al que queramos llevar a nuestros hijos. Después llega la educación postobligatoria, pero que es casi imprescindible si quieres tener alguna oportunidad en esta vida, así que nos tocará apoquinar una media de 1.073 euros para los estudios de bachillerato. En cuanto a la Formación Profesional, cada ciclo tiene un coste muy diferente, pero que asciende a cantidades superiores a las que hemos visto hasta ahora, ya que muchas comunidades autónomas cobran matrículas de hasta 400 euros por curso, a lo que hay que sumar libros, materiales, ropa especializada en algunos ciclos, desplazamientos, etc.
Y si nuestros hijos llegan a la universidad, mejor no hablar. Sólo la matrícula nos puede costar, dependiendo de la carrera, hasta 2500 euros por curso en una universidad pública. De las privadas ni hablamos. Sumemos a esto todo lo que necesita un estudiante universitario y echémonos a temblar.
El Estado, hasta no hace mucho tiempo, paliaba en parte el problema mediante una política de ayudas al estudio, lo que todos conocemos como becas. No llegaban a todos, ni eran suficientes en la gran mayoría de los casos, pero el esfuerzo de la administración para que nadie se quedase sin estudiar por falta de recursos era notorio. Sin embargo, hace unos años el gobierno decidió que uno de los capítulos de gasto del que se debía recortar sería el de las ayudas al estudio. Y dicho y hecho, las ayudas al estudio disminuyeron en número y cuantía, a muchos padres nos resultó más difícil enfrentarnos al gasto (y a bastantes les resultó imposible) y muchos chicos y chicas, sobre todo en etapas postobligatorias, tuvieron que abandonar sus estudios porque sus familias ya no podían costearlos.
Una de las patas del estado del bienestar es la educación, que permite a los más desfavorecidos aspirar a una mejora real en su existencia. Uno puede nacer rico o pobre, pero si el sistema educativo funciona, por muy pobre que hayas nacido podrás subir en el escalafón social hasta el lugar al que seas capaz de llegar. De hecho, el contrato social que constituye la base del sistema democrático se basa en gran medida en este hecho: que la cuna no determine hasta dónde podrás llegar en tu vida, que haya igualdad de oportunidades para todos. Pero en España esta base se está obviando; como muchas otras por cierto. Y lo peor es que se está obviando incluso para los niveles de enseñanza obligatorios, los cuales, según la Constitución, deben ser gratuitos. Todo ello en detrimento de la economía familiar, en especial de los que menos tienen, mientras que al mismo tiempo se conciertan colegios de súper lujo aduciendo precisamente ese mandato constitucional, pagando precios desorbitados para subvencionar una elección personal y de élite que debería, como se hace en el caso de la sanidad, pagar el propio consumidor.
Pues eso: que se cumpla la Constitución, que la educación obligatoria sea gratuita siempre que no se elija una de élite y que ese principio de igualdad de oportunidades que debería ser sagrado deje de ser, como lo es ahora, más una anécdota que una realidad.
En definitiva: ¡qué caro resulta estudiar! ¡Y qué injusto es este hecho!
