Los protocolos abren nuevas vías de comunicación e información que son relevantes para detectar cualquier actividad no declarada con ánimo defraudatorio en los municipios. Sotoca subrayó que el objetivo es “analizar el trabajo que ya se está haciendo por parte de las corporaciones locales a una nueva finalidad que es la detección de actividades no reconocidas”.

En concreto, el consejero se refirió a indicios de actividad sumergida a través de obras detectadas por servicios de inspección urbanística, inmuebles descubiertos que no figuren en el catastro, producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas detectados por los servicios de limpieza viaria, denuncias de actividades ruidosas o molestas, actividades profesionales no declaradas descubiertas por la policía municipal o los datos relativos al consumo de agua.

Toda la información recogida será remitida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que será quien cruce los datos que obran en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, e identifiquen aquellas actividades no declaradas. Para el intercambio de toda esta información se han creado comisiones mixtas de seguimiento entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y los distintos ayuntamientos.

El consejero adelantó algunos datos recogidos hasta el momento aunque precisó que “no son todos los datos, puesto que aún no están configuradas todas las comisiones”. Hasta el momento se han recogido datos identificativos referidos a 1.440 declaraciones de Impuestos sobre Bienes e Inmuebles que afecten a actividades económicas. Se han recabado también datos relativos a 953 registros de recogida de basuras en inmuebles con actividad económica, y datos identificativos de 431 licencias de actividad.