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Martes, 25 de Febrero del 2020
Miércoles, 22 Julio 2015

Pascual Lucas: “No se puede mover ni una caña si el Ministerio no tiene el proyecto aprobado”

Pascual Lucas explica en rueda de prensa la situación en la que se encuentra el proyecto del Paseo Ribereño Pascual Lucas explica en rueda de prensa la situación en la que se encuentra el proyecto del Paseo Ribereño CLR

CLR/Miriam Salinas.

En rueda de prensa el alcalde ha comentado la situación del proyecto del Paseo Ribereño que pretendía aclimatar la ribera del Segura.

Del proyecto, el alcalde ha declarado que “en agosto de 2014 se redacta por los arquitectos designados y en octubre de ese mismo año se aprueba un convenio de colaboración con la empresa estatal Acuamed, que es la promotora de este importante proyecto.” En mayo de 2015 hay un informe técnico en el cual se establece una salvedad importante de carácter económico. “Se indica por parte de los técnicos municipales que el presupuesto de la inversión que figura en el proyecto excede en 897.630 € al que figura en el convenio aprobado por el ayuntamiento.” Añade Lucas que en ese mismo mes el anterior alcalde firma el convenio con Acuamed, unos días antes de las elecciones. “Cuando se firma el convenio en mayo no existe autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. Condición que se establecía en el acuerdo plenario de octubre de 2014”, explica.

 

El alcalde ha continuado la rueda de prensa arguyendo que “aún con el desfase tan importante de 897.630 € que los técnicos detectan en relación al proyecto original, se aprueba el convenio firmado por Acuamed y se inicia el periodo de exposición pública para posibles alegaciones de interesados.” Las alegaciones se producen y como consecuencia el proyecto original se modifica. “Por lo tanto -explica Lucas- ahora tenemos en marcha un proyecto modificado que ha pasado el periodo de exposición pública y que en la actualidad no esta aprobado preceptivamente por el Ministerio de Agricultura.”

 

Del Partido Popular, el alcalde ha añadido, respecto a la firma del convenio, que “se dio cuenta de que el proyecto iba muy corto de tiempo. Por lo que no lo sacó a licitación pública, lo que hubiera supuesto una rebaja sustancial del coste del proyecto. Utilizó una formula: una encomienda directa de una empresa estatal con medios propios de otra empresa estatal que es Tragsa.” La posición del gobierno es conocer con exactitud que partes del convenio que eran imputables al contrato no estaban cuantificadas y “que nadie del gobierno anterior cuantifico.”

 

Explica el alcalde que “no han encontrado ni un solo documento que haga mención a esas partes. Estamos a la espera de que Acuamed nos remita la información por escrito con el fin de que nuestros servicios económicos la evalúen y puedan confirmar que el proyecto desde el punto de vista económico es viable.”

 

Respecto a la cuestión económica, Lucas ha explicado que “es fundamental conocer con exactitud cual es el coste final del proyecto, porque sino difícilmente podremos saber si lo podremos acometer, teniendo en cuenta la situación económica del ayuntamiento con una sentencia del V6, que nos obliga a indemnizar en 5 millones de euros a los propietarios y que nos obliga igualmente a contabilizar la sentencia en este año.”

 

El alcalde ha dicho de la inversión que implica el proyecto que corresponde a un plan de la unión europea, “a unas subvenciones que terminaron en el 2013 y ha tenido dos prorrogas hasta el 2015. Esta inversión tiene que estar gastada, pagada y realizada antes del 31 de diciembre, por tanto debemos saber si esta obra en el estado de tiempo que nos encontramos puede ser realizada porque sino evidentemente la Unión Europea no nos daría la subvención y entonces si que seria una situación absolutamente gravosa para las cuentas del ayuntamiento: tendríamos que pagar entonces 4 millones de euros.”

 

Finalmente Lucas ha explicado que dada la situación es imposible que se pueda acometer la obra hasta que no esté aprobada: “No se puede mover ni una caña si el ministerio no tiene el proyecto aprobado. Es una situación difícil, estos proyectos son complejos de elaborar porque se necesitan multitud de informes y periodos de alegación. Lo que normalmente suele tardar un año y medio o dos años estamos haciéndolo en uno. Si el Partido Popular gobernara tendría la misma situación que hoy tiene este gobierno con este proyecto.”

 

Lucas ha querido añadir que “el gobierno va a defender los intereses generales del ayuntamiento, y esto no solo significa en un momento dado defender un proyecto que puede ser bueno para la ciudadanía, significa, también, ser sensato y en este caso la sensatez nos obliga a saber con exactitud el dinero que va a costar y el que nos podemos gastar en este asunto teniendo en cuenta la situación económica que tenemos.”

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