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Martes, 10 de Diciembre del 2019
Sábado, 28 Septiembre 2019

¿Ciudadanos indefensos?

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CLR/Tino Mulas.

Día sí, día también, los medios de comunicación se hacen eco de noticias que hablan sobre delincuentes convictos que salen a la calle tras cumplir mínimas partes de sus condenas, sobre chorizos que campan a sus anchas sin que la justicia pueda o quiera hacer algo para darles su merecido, sobre barrios en los que imperan las mafias protegidas por la ley del silencio, sobre okupas que mantienen a las familias de los legítimos propietarios de las viviendas en la calle mientras que ellos, impunemente, las destrozan, o sobre políticos que aprovechando tecnicismos legales salen de rositas de sus juicios por sus múltiples corruptelas. ¿Qué está ocurriendo en España?

Es difícil opinar sobre el tema, porque no se trata ya de un asunto de sentido común, sino que la ideología y la política, además de las vísceras, se inmiscuyen en el debate. Hay datos, no obstante, llamativos. Uno, el hecho de que buena parte de los líderes de bandas y mafias internacionales trasladen sus bases operativas y sus domicilios a España: es decir, que se vengan a vivir aquí. Es evidente que un capo mafioso o el jefe de una red de delincuencia de un país europeo difícilmente se iría a vivir un país en el que la policía y la justicia persiguiesen de forma contundente a la choricería, tanto patria como extranjera, o donde la legislación fuese estricta en cuanto a perseguir y castigar a la delincuencia se refiere. Lo mismo ocurre con los delincuentes de menor empaque, como carteristas o ladrones al descuido, para los que España debe ser un paraíso; que se lo digan si no a los ciudadanos barceloneses y a los turistas que visitan no sólo la ciudad condal, sino incluso prácticamente todas las ciudades españolas. Es también cierto que las leyes protegen, sin ninguna duda, a los corruptos, en especial tras los últimos cambios legislativos introducidos por el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular en los que se obligaba a la sobrecargada justicia a tramitar los procesos por corrupción en plazos imposiblemente cortos, dejando en libertad a los presuntos (o absolutamente claros) culpables en el caso de no lograr cumplir dichos plazos.

 

Por otra parte no es menos cierto que España sigue siendo, curiosamente, un país esencialmente seguro. Así lo dicen las estadísticas y las comparativas con los países de nuestro entorno. Hay que admitir también que los medios de comunicación amplifican a veces las noticias sobre delitos y delincuencia o las tratan de manera sensacionalista con el fin de ganar audiencia, dando así una imagen distorsionada del alcance y consecuencias de la actividad delictiva en España. Lo mismo ocurre con algunos partidos políticos.

 

Sin embargo hay algunos datos que no se pueden obviar. Por ejemplo, el hecho de que la delincuencia en general va en aumento, en especial la que podríamos denominar como delincuencia de proximidad o de baja intensidad: robos al descuido, robos en casas cuando sus habitantes están ausentes, ocupación de viviendas, atracos a tiendas o a viandantes, robos en comercios, destrucción de mobiliario urbano… Puede creerse que, al tratarse de delitos de los considerados menores, tienen escasa importancia. Pero son precisamente estos delitos los que afectan más directamente al ciudadano de a pie, los que crean en la ciudadanía esa situación de inseguridad. Una sensación que se ve agravada, como ya he mencionado por la utilización partidista por parte de algunos grupos políticos y por el altavoz de los medios de comunicación, sabedores de que la crónica negra vende, y mucho.

 

También es cierto que la legislación española es a veces demasiado garantista. Como ya he dicho en otras ocasiones, el espíritu de la ley en España pretende garantizar por encima de todo los derechos del individuo, sea este o no un delincuente. El problema reside en que, cuando alguien delinque, casi siempre hay otro alguien se ve perjudicado por el delito cometido. Y nuestra legislación, en demasiadas ocasiones, protege hasta tal punto al delincuente que su víctima llega a encontrarse en una situación de indefensión e inseguridad. Y esto no es justo. Puede ser legal, pero no es justo. Incluso en ocasiones es peligroso, como desgraciadamente podemos ver con cierta frecuencia cuando la víctima vuelve a serlo de manos del mismo delincuente que ya había actuado contra ella.

 

Nuestro sistema penal tiene un fin muy loable: la reinserción, como ciudadano activo y respetuoso de la ley, de quien antes era un delincuente. El objetivo último de una condena no es castigar al delincuente o infractor, aunque en parte también, sino reeducarle y mostrarle que es posible vivir de otra manera, dentro del ordenamiento jurídico, de la ley. No es que siempre se consiga, pero con los a veces escasos medios disponibles, al menos se intenta. El problema llega cuando quienes se han visto convertidos en víctimas por las acciones delictivas de aquel no reciben ninguna compensación, ni moral ni material, y se ven a veces convertidos en rehenes, cuando no en víctimas de nuevo, de los delincuentes. El hacer compatible el derecho a la seguridad jurídica de delincuentes y víctimas es tal vez una asignatura pendiente del sistema legal, judicial y penitenciario de nuestro país.

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