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Jueves, 17 de Agosto del 2017
Domingo, 26 Marzo 2017

Concertación de enseñanzas no obligatorias: libertad de elección, pero sólo para los ricos

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Tino Mulas Tino Mulas

CLR/Tino Mulas.

Otra más. Otra medida impresentable de un Gobierno regional que no sabe ya qué hacer para beneficiar a quién tiene que beneficiar.

En una actuación que no puedo calificar de sin precedentes, dado que el Gobierno regional nos tiene acostumbrados en los últimos años a más de una, el ejecutivo ha decidido tramitar casi en secreto y sin debate la nueva orden de concertación de enseñanzas. En esencia, se pretende que las enseñanzas no obligatorias de secundaria (Bachillerato y Formación Profesional) puedan ser impartidas de forma subvencionada por la Comunidad Autónoma por los centros privado-concertados que lo soliciten. Para ello, el gobierno aduce que pretende garantizar la libertad de elección de los padres para los estudios de sus hijos.

 

Lo que no dice el gobierno es lo que cuestan esos conciertos. Y entiéndame bien el lector: no estoy en contra de la enseñanza concertada en los niveles obligatorios, salvo en excepciones que comentaré dentro de unas líneas. Lo que rechazo de forma radical es que aquéllos padres que eligen para sus hijos una educación elitista, en centros de élite y con idearios que, las más de las veces, son como mínimo retrógrados y clasistas, puedan escolarizar gratis a sus hijos. Máxime teniendo en cuenta las cantidades inauditas que todos los demás ciudadanos, para los que resulta imposible enviar a sus hijos a estos colegios porque son sistemáticamente rechazados en el proceso de admisión al no pertenecer al grupo social más elevado, tenemos que pagar.

 

Para que se hagan una idea: sólo la asignación que se da a dos de los colegios de élite de la capital que son ahora concertados supera con creces la asignación total de los más de 800 colegios públicos de la Región. No se puede olvidar que los colegios privados, concertados o no, son a la postre empresas que buscan un beneficio, y en el caso de los más elitistas cobran a sus alumnos y a sus familias cantidades elevadas por encargarse de su educación. Naturalmente, si estos colegios acceden a un concierto no van a perder ni un solo euro de sus beneficios, por lo que la Hacienda regional (es decir, todos nosotros) se encarga de pagar a los colegios de élite lo que antes éstos cobraban a los padres. Pero os puedo asegurar que entre el alumnado de dichas instituciones educativas no veréis ni inmigrantes, ni hijos de obreros ni de nadie que no pertenezca a las clases altas de la Región. Otra cuestión es la de la mayor parte de los colegios concertados que son cooperativas de profesores que ni son elitistas ni cuestan al erario público regional ni a los ciudadanos esas enormes cantidades de dinero.

 

La Constitución lo dice bien claro: todos los españoles tenemos derecho a una educación básica obligatoria y gratuita. Pero no dice nada de la educación postobligatoria, que de cualquier forma el Estado cubre con su red pública de institutos de Bachillerato y Formación Profesional. Una red a la que se ha vapuleado sin medida desde las instituciones públicas, y más en esta Región, para pagar los desmanes de los mismos políticos que ahora pretenden reducir aún más los medios destinados a su funcionamiento. Porque el gobierno central lo ha dejado claro: no va a dar ni un euro más a la Región de Murcia para su sistema educativo. Por tanto, las cantidades astronómicas que se van a pagar a los centros de élite tendrán que conseguirse reduciendo aún más las asignaciones a los centros públicos. Y todo ello para beneficio básico de unos pocos, de las familias más pudientes que no quieren pagar el precio que les cuesta cada mes llevar a sus hijos a esos colegios, y de esos mismos colegios. Porque estoy casi seguro que la mayor parte de los pequeños colegios concertados, las cooperativas educativas que imparten Infantil, Primaria y Secundaria, no van a optar por concertar el Bachillerato, por falta de espacio, de medios o de oportunidad. Y estos colegios sí que escolarizan, como obliga la ley, a todo tipo de alumnos.

 

La Constitución también ampara el derecho de los españoles a una asistencia sanitaria pública y de calidad. Pero si alguien quiere optar por la asistencia médica privada, tiene que pagar por ello. Algo que es normal, pero que en el caso de la educación se salta a la torera, con el objetivo de privatizar paulatinamente el servicio educativo público y dejarlo como un servicio asistencial para las capas más desfavorecidas de la sociedad, que sin embargo tendrán que pagar con sus impuestos la educación concertada en centros de élite para las élites. Por no hablar de los beneficios que las grandes empresas educativas esperan obtener con la privatización de la educación. Ni del despilfarro de medios y dinero que constituye dicha privatización, ya que todos los estudios desmienten el pretendido ahorro que supone la concertación educativa en general sobre la gestión pública de la educación. Ni de la ideologización de la enseñanza, la cual debería ser lo más neutra posible. Por todo ello, el Gobierno regional en general y el Presidente y la Consejera de Educación en particular se inventan argumentos tan peregrinos como el de la libertad de elección (sólo para esta cuestión y para esta capa de la sociedad), la “consolidación” de las plantillas de los centros concertados (que ya están consolidadas, mientras que la medida destrozaría las de los centros públicos) o la necesidad de ofrecer un Bachillerato “serio”, desprestigiando sin motivo a la escuela pública y a sus trabajadores. Que por cierto, son “su” escuela y “sus” trabajadores, como jefe de la administración regional que, al menos en teoría, es.

 

Como decía al principio, una más de este Gobierno. Y a quien me quiera acusar de ser juez y parte, como trabajador de la enseñanza pública, le diré: yo he sido alumno de la enseñanza pública, pero también de la privada. Y mis padres, cuando eligieron en su momento que estudiará en un centro privado, pagaron religiosamente su factura mensual por dicha elección, ya que había otros centros públicos y gratuitos a su disposición. Y cuando seleccionaron un centro público para que me formara, lo hicieron también con plena conciencia, pero esta vez sin tener que pagar por ello, salvo con sus impuestos. En resumen: pagaron cuando debían pagar por lo que habían elegido, y no forzaron a nadie a que pagara con sus impuestos algo que es una elección personal y que podía ser cubierto de forma pública y gratuita con la infraestructura educativa del Estado.

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