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Lunes, 08 de Marzo del 2021
Sábado, 05 Diciembre 2020

El ruido

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Carmen Villa y Carmen María Villalba Carmen Villa y Carmen María Villalba

CLR/Carmen Mª Villalba/Carmen Villa.

La curva de contagios por desinformación, lejos de bajar, asciende. Estas últimas semanas ha habido un repunte importante de casos con la proclamación de la posible octava ley educativa de la democracia. Es comprensible parte de la indignación que genera. Nuevo Gobierno. Nueva reforma educativa.

Los españoles, como si de un gran patio de vecinos se tratase, alimentados por la incertidumbre y el exceso de información, participan en la difusión de noticias falsas. La culpa no recae solo en los usuarios, los emisores forman parte del mismo saco. No son lo precisos que deberían y en numerosas ocasiones escriben con desconocimiento de causa.

 

Desde hace algunos años, las redes sociales se han convertido en “la prensa” a la que recurrimos diariamente para saber qué ocurre a nuestro alrededor. No puedes ir a tomarte una caña con los amigos sin tener una mínima idea de qué está ocurriendo en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que las redes sociales son medios de difusión inmediata en el que no importa el lugar, el momento o la hora si dispones de un dispositivo que te permita acceder a la red. Un dispositivo que en la actualidad es de uso obligado y que cuando falla, es capaz de paralizar el transcurso natural de nuestro día a día ante cualquier aspecto.

 

Ante cualquier noticia importante la pantalla se enciende y aparece la última notificación. El pasado 19 de noviembre, en muchas de ellas aparecería la conocida popularmente como Ley Celaá. 177 votos a favor fueron suficientes para dar el pistoletazo de salida al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), a la espera de que ahora se tramite en el Senado. Entre la ciudadanía ha suscitado una rebelión de críticas motivadas por los bulos que circulan por la red. Cierre de centros de educación especial, pasar de cursos sin límite de asignaturas suspensas, el castellano como lengua vehicular, etc. Sin embargo, acceder a la fuente primaria para comprobar esta información está al alcance de todos. En la web del Ministerio de Educación se puede consultar el primer borrador de la LOMLOE.

 

En primer lugar, el Proyecto de Ley no dice que se vayan a cerrar todos los colegios de educación especial, sino que aquellos alumnos a los que su grado de discapacidad se lo permita podrán asistir a centros ordinarios. En la Disposición Adicional Cuarta se afirma: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en un plazo de diez años, (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Es cierto que esta medida puede provocar el cierre de centros de educación especial, pero no todos. El Gobierno con esta medida pretende favorecer la inclusión de los niños con discapacidad en colegios ordinarios y frenar la discriminación a la que algunos de estos niños se exponen.

 

En cuanto al dilema del castellano como lengua vehicular, además de acudir al primer borrador de la LOMLOE permitidnos hacer referencia a la Constitución Española. En su artículo 3.1. reconoce el castellano como la lengua española oficial del Estado, “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y prescribe en su artículo 3.2 que las demás lenguas españolas “serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Lo que se pretende es conseguir un escenario real de bilingüismo en las Comunidades Autónomas en las que se practique otro idioma, como es el caso del gallego, el euskera y el catalán. No hace falta que se les consideren lenguas vehiculares porque ya tienen el reconocimiento como lengua materna y oficial de sus habitantes. La riqueza lingüística de España es incuestionable, no la perdamos. La lengua es historia, es arte.

 

En definitiva, sin apenas darnos cuenta, las redes sociales nos han dado el crédito de convertirnos en productores de información a cambio de registrar nuestros datos para poder acceder a las diversas plataformas. Nos permiten defender de forma libre nuestra opinión y rebatir a aquellos que consideramos que no tienen la razón. En cuestión de segundos y con un solo clic podemos decir cómo nos sentimos y qué opinión nos refieren los contenidos que tenemos delante. Pero, ¿pensamos si la información ante la que estamos es verídica y de calidad o en la responsabilidad que conlleva compartir dicha información?

 

Tener información es tener poder y por ello, ahora más que nunca debemos ser precavidos con lo que decidimos que circule por la red. A menudo nos irritamos por la gran cantidad de ‘ruido informativo’ que se provoca en las redes sociales con la diversidad de opiniones y publicaciones sobre cualquier tema sin control alguno. Pero, ¿cuántos son los que van más allá de un titular o de la entradilla de una noticia? En la inmediatez con la que se comparten titulares llamativos se esconden intereses ideológicos y económicos. Lo de siempre. Leer un par de artículos sobre un tema determinado no le convierte en un experto. Mucho menos si acude a su periódico de confianza para reforzar su opinión. Comprender los hechos implica varias fases de estudio. Recuerden: informarse es solo el primer paso.

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