La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo. Y el gobierno de España me temo que no da la talla. El partido que lo sustenta, muchísimos integrantes del mismo, empresarios, cargos electos, y un largo etcétera, están siendo investigados por múltiples tramas de corrupción. Algunas de andar por casa. Otras muy complejas. Pero todas ellas vergonzantes, máxime cuando incluso en época de crisis, con gente viviendo en la calle y pasando penurias sin cuento, seguían aún defraudando la confianza que los españoles habían depositado en ellos. La primera reacción tras el descubrimiento de cada una de estas tramas fue la negación, el manido recurso al contubernio, a la confabulación, a la conspiración, a echarle la culpa al resto del mundo y decir que nosotros, no, que es mentira.
Pero la realidad es tozuda, y las más de las veces acaba por imponerse. Y en ese momento aparecen pruebas irrefutables, concluyentes, apabullantes, que no dejan lugar a la duda. Y se pasa de la teoría de la conspiración al “no me consta”, “yo no conozco a ese señor”, “no era de mi responsabilidad” y una larga retahíla de disculpas y excusas que difícilmente serían creíbles en niños pequeños; no digamos en mujeres y hombres hechos y derechos que, además, son representantes del pueblo español o de los ciudadanos de su comunidad o municipio.
Y cuando estas disculpas y excusas caen por su propio peso llega el momento del obstruccionismo procesal. Al cual, hay que decirlo, todo ciudadano procesado judicialmente tiene derecho, pero que alarga hasta el infinito procesos judiciales ya de por sí complejos y largos. Y cuando los plazos se han estirado hasta el límite y ya no dan más de sí, le llega el turno al gobierno, con una injerencia en el poder judicial que provoca vergüenza ajena, muchas veces legal, pero prácticamente siempre incorrecta, por no decir ilegítima e injusta.
¿Y cómo actúa el gobierno? Pues nombrando fiscales generales o anticorrupción que no es que sean de dudosa imparcialidad para implicarse en ciertos casos, sino que son en todas partes conocidos por su proximidad (por no decir su absoluta afinidad y lealtad) ideológica y política al partido en el gobierno, el que está siendo investigado. Competencia la del nombramiento que, ciertamente, es del gobierno, pero que hasta no hace mucho se compartía con la oposición para llegar nombramientos por consenso, buscando precisamente que esa honestidad que se le demandaba a la mujer del césar y que no dudo que la mayoría de los juristas poseen no sólo existiese, sino que además fuese pública y notoria. Pero cuando un gobierno cuyo partido sustentador y buena parte de sus componentes están siendo investigados o juzgados se salta a la torera las buenas prácticas democráticas y nombra por su cuenta y riesgo a altos cargos de la justicia completamente afines a sus tesis, me van a permitir mis lectores que personalmente crea que aquí hay gato encerrado, o tigre, o incluso elefante.
¿Y si hay que acudir a acciones que, aunque legales, son tan descaradas que sonrojan al público en general y avergüenzan al más curtido de los corruptos? ¡Pues se acude, que para eso se es gobierno! Como ha pasado esta semana, cuando se ha culminado la disolución de un tribunal que debía dictar sentencia sobre el caso de la caja B, véase financiación irregular, del partido en el gobierno y que estaba compuesto por jueces poco afines a este partido, los cuales por cierto han sido sustituidos por otros mucho, muchísimo más afines. Tan afines que algunos de ellos habían sido recusados previamente varias veces por la descarada (y públicamente cacareada) afinidad.
Y como estas, muchas otras. Envueltas, eso sí, en proclamas y soflamas sobre el cumplimiento de la ley, la colaboración con la justicia, el respeto a las decisiones judiciales, etc., etc., etc. Que no cuelan, por cierto, porque hay que ser un perfecto pardillo para tragarse semejante sarta de embustes a poco que uno esté mínimamente enterado de la actualidad de nuestro país. Lo malo es que después se exige a los demás que hagan lo que ellos, muchas veces, no hacen, y dejan al ciudadano en una especie de estupor mezclado con desencanto, descreimiento y un cada día más profundo cabreo que acabará por manifestarse más tarde o más temprano.
Y no se te ocurra criticar, que te llamarán antisistema e incluso irán a por ti de muchas maneras, criticándote precisamente a ti por “desprestigiar” a la justicia y extender entre la ciudadanía el rechazo al funcionamiento de la misma. Yo a veces me pregunto si quienes nos gobiernan tendrán algún afán de pasar a los anales de la historia, porque están haciendo ímprobos esfuerzos para ello. Aunque me temo que no lo harán como el gobierno más honrado, transparente y respetuoso con la independencia judicial de la historia de nuestro país. Ni como el segundo, ni como el tercero. Me temo que estarán en el otro extremo de la clasificación. Y tal vez a ellos no les importe, pero a mí y a mucha gente nos daría una vergüenza tremenda que dentro de una décadas se estudiase en los colegios que un gobierno del que yo formaba parte era campeón en manipular la justicia para proteger del merecido castigo a los corruptos que llegaron incluso a deprimir nuestra economía.
Pero que mucha, mucha vergüenza.
