Veamos. El exrey de España no se ha distinguido por su moralidad en sus relaciones personales. Allá él, es asunto suyo. Pero desde luego tampoco ha destacado ni por su excesiva discreción ni por saber elegir a sus amantes. Y es por ahí por donde le llega el peligro: no sabemos por qué pero una de ellas, Corinna Larsen, a la que mostró en público sin rubor y que le acompañó en actos oficiales y festejos varios cual concubina prácticamente reconocida, ha largado al tenebroso excomisario Villarejo unas cuantas lindezas de las que Juan Carlos de Borbón acostumbraba a hacer en sus viajes de estado o privados. Básicamente, el cobro de comisiones descomunales por sus servicios de intermediación (por los cuales el estado español le pagaba un sueldo nada desdeñable) y la ocultación a Hacienda de esos dineros y su desvío a cuentas opacas en paraísos fiscales. Conductas desde luego no ya solo reprobables en un rey o exrey, sino debidamente tipificadas en el Código Penal como delitos.

Como acertadamente afirmaba un periodista hace pocos días, no debemos creer a pie juntillas lo que el tándem Corinna Larsen-Villarejo afirman sobre el antiguo rey, porque de lo que dicen tan solo se desprende que ellos mismos son la víctima y el justiciero en el caso y toda la responsabilidad penal recae sobre Juan Carlos. No es muy creíble que digan solo la verdad y nada más que la verdad, máxime cuando ella guarda en su faltriquera al menos 65 millones de euros cedidos graciosamente por su majestad y él archivos con los secretos más inconfesables de todos y cada uno de los españoles. Pero algo (o mucho) hay, dado que las noticias sobre irregularidades y presuntas ilegalidades cometidas por el rey emérito provienen ya de fuentes muy diversas. Naturalmente, salvaguardando la presunción de inocencia a la que cualquier ciudadano tiene derecho.

La otra cara de la moneda es la del impacto que en la política española está teniendo el caso. Para algunos, aunque el desprestigio de la figura de Juan Carlos I es ya total (leed si no la prensa extranjera), hay que poner en valor sus aciertos en etapas anteriores de su reinado. Unos aciertos que no se pueden negar, pero que de ningún modo pueden exonerarle (ni al rey emérito ni a nadie) de las posibles responsabilidades penales en las que pueda haber incurrido. Otros intentan desligar la monarquía actual, encarnada por el hijo de Juan Carlos Felipe VI, de lo ocurrido anteriormente, intentando así salvaguardar la institución y el sistema político. Otros, por su lado, ponen en entredicho precisamente a la monarquía y reclaman una investigación en profundidad y un referéndum sobre la continuidad del sistema monárquico en España.

Vayamos por partes. Hay que investigar las presuntas actividades ilegales que Juan Carlos de Borbón haya cometido. Como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Aunque la ley convierta en intocable al rey mientras sea rey, un rey ejemplar declinaría este privilegio para poder ser investigado si existen sospechas contra él. Lo mismo que ocurre con los políticos, por ejemplo. Si es inocente, sería la mejor forma de demostrar su inocencia. Si es culpable, debería cargar con la responsabilidad de sus actos.

Segunda cuestión: la propia monarquía es la que pone en peligro su continuidad. Y ello por dos razones. La primera, por el tratamiento que suele dar a estas cuestiones, que parece por su reacción que no van con ella. Negándose a hablar y a explicar se retrocede al siglo XIX, cuando el rey lo era casi por la voluntad divina, más que por la del pueblo, arrogándose la soberanía cuando le venía en gana. Y la segunda razón es la asunción por parte de los monarcas de su condición de reyes constitucionales, de símbolo y encarnación del estado, al que deben servir como personificación del pueblo español. No son un elemento aparte, inmune y soberano, sino que deben regirse por las mismas normas legales del resto de los españoles Algo que parece que, al menos por parte de Juan Carlos I, no se ha entendido ni acatado.

Tercera cuestión: el modelo de estado. El estado español es una monarquía constitucional. Y lo es porque la Constitución Española de 1978, aprobada por amplísima mayoría por el pueblo español en referéndum, así lo contempla. Quienes critican como ilegal la existencia de la monarquía deben recordar este hecho. Ahora bien, nuestra constitución tiene ya 42 años. Buena parte de la población española no había nacido cuando se aprobó y promulgó. Y los tiempos han cambiado mucho, muchísimo. Los documentales ñoños y las entrevistas preelaboradas sobre la vida hogareña y ejemplar de la familia real y sus actividades al servicio de España ya no cuelan, porque en la actualidad es casi imposible sustraerse al gran hermano mediático que nos rodea. Hoy hay que demostrar andando el movimiento y ser y parecer honesto. Si la corona y los grupos políticos que apoyan el sistema de monarquía constitucional desean de verdad tener una base sólida e incontestable sobre la que asentarse, deberían someter al juicio del pueblo español su propia existencia mediante un referéndum, la mejor manera de decir al mundo que se trata de una monarquía auténticamente democrática y por voluntad popular.

¿Qué pasaría si se convocase un referéndum? Pues es difícil saberlo. De lo que sí estoy seguro es de que las grandes cadenas de comunicación, el poder mediático, apostarían claramente por la continuidad de la monarquía. Un sector, en mi opinión mayoritario, de la población española también lo haría. El resultado dependería en buena medida de la actuación de la corona en relación con los casos de irregularidades e incluso delitos de parte de sus miembros (no olvidemos que algunos, como el cuñado de Felipe VI Iñaki Urdangarín, aún siguen en prisión) y, sobre todo, de la modernización de la propia corona y su puesta al día a una monarquía constitucional auténticamente del siglo XXI. Y es que el republicanismo, que con altibajos ha estado siempre presente en nuestra sociedad, tiene hoy en día cada día más adeptos. Por su carácter plenamente democrático por una parte (mientras no haya un referéndum sobre monarquía o república la segunda tendrá siempre un carácter más democrático) y porque la monarquía, con sus escándalos y sus reacciones decimonónicas, se está convirtiendo en la mayor fábrica de republicanos.

Veremos que nos depara el futuro.