Naturalmente estas noticias causan una enorme alarma social, ya que hoy en día pocos son los españoles y españolas que no tienen algún familiar en una de estas instituciones. Y quienes no los tienen no pueden permanecer ajenos a lo que en ocasiones ocurre en las residencias.
Pero a la hora de informar y de ser informados hay que andar con pies de plomo. Naturalmente vende mucho más una noticia en la que se hable de la pésima atención que reciben y las horrible condiciones en las que sobreviven los internos en una residencia concreta que un informe en el que se destaque el buen hacer de multitud de otras residencias, en las que los ancianos reciben un trato no solo correcto, sino muy humano; bastante más humano por cierto que el que sus propias familias les dispensan, familias que en demasiados casos en pocas ocasiones (o incluso en ninguna) les visitan o se preocupan por ellos.
Pero no se puede negar la evidencia: muchas residencias de la tercera edad no cumplen las condiciones exigibles a este tipo de instituciones y ello favorece la extensión en su seno y con rapidez de la COVID-19. No solo entre los residentes, todo hay que decirlo, sino también entre el personal que les atiende. Hay residencias (sin ir más lejos la de nuestra ciudad) en las que el escrupuloso aislamiento y el buen hacer sanitario han impedido que se registre un solo caso de contagio. Hay otras en las que pocos miembros de su comunidad se han librado de la infección, y algunas incluso han tenido que cerrar por la espantosa circunstancia de que una parte notable, incluso mayoritaria, de los ancianos ha muerto por coronavirus.
La cuestión es que el modelo por el que se guían y funcionan muchas residencias de la tercera edad en España se ha demostrado muy peligroso. Me refiero a las residencias que forman parte de empresas privadas, en muchas ocasiones de auténticos fondos buitre, y cuyo objetivo principal y único es obtener beneficios, por encima de la calidad del servicio que ofrecen. Y cuantos más, mejor. Y para ello, aparte de los altos precios que cobran a los residentes, intentan disminuir costes según los procedimientos habituales: contratar menos personal del necesario, comprar menos equipos y materiales o de peor calidad, ofrecer servicios por debajo de los inicialmente contemplados, etc. Con todo ello se consigue aumentar el beneficio, pero… La continuación de la frase es sencilla: el cliente, el interno, el usuario, terminarán pagando en sus carnes la disminución de costes. De hecho, si nos damos cuenta en la mayor parte de los casos han sido residencias de titularidad privada las que han protagonizado estas luctuosas noticias, siendo las fundaciones y las residencias públicas las que menos problemática han creado.
Seamos justos. Muchas residencias privadas cumplen sobradamente y a plena satisfacción de sus usuarios con los estándares de calidad. Pero tengo la impresión de que es el modelo general de privatización del servicio que siguen muchas comunidades autónomas el que propicia las desgraciadas situaciones que vemos todos los días en televisión, ya que para no gastar dinero (o para ahorrarlo, con el fin de cubrir los déficits generados por la disminución de impuestos a quienes más tienen) sacan a concurso el servicio de atención a la tercera edad por cantidades reducidas. Las empresas privadas pujan por esas cantidades, obtienen las concesiones y después hacen lo que tienen que hacer para lograr un beneficio saneado de su actividad: disminuir los costes de las formas que ya hemos visto. Muchos ancianos sufren estas circunstancias y en demasiadas ocasiones o no pueden quejarse por la disminución de sus capacidades mentales o sus quejas caen en saco roto porque sus familias apenas se ocupan de ellos. Pero cuando la situación se complica con una pandemia lo que ocurre en algunas residencias se hace visible, y entonces se empieza a buscar responsables.
Aunque habría que empezar por lo más alto: por los responsables políticos que han creado este sistema progresivo de privatización de un servicio fundamental y que acaba funcionando lisa y llanamente por un solo principio: el ánimo de lucro. Y lo malo es que muchos de nuestros ancianos están solos; solos porque no tienen familia, solos porque esta les ha prácticamente abandonado, solos porque su estado de salud les impide seguir en sus hogares con sus familias y necesitan cuidados permanentes y especializados. Y ellos, que todo lo dieron por nosotros y son ahora los más indefensos de la sociedad, reciben en demasiadas ocasiones este miserable pago por los servicios prestados de una sociedad que solo tiene un norte: el dinero.
Para terminar quiero expresar mi reconocimiento a tantas y tantos profesionales que, a pesar de las adversas condiciones a las que deben enfrentarse a menudo, sacan adelante a nuestros mayores en las residencias. Y mi más profundo rechazo a quienes quieren enriquecerse explotando a estos trabajadores y arruinando los últimos años de la vida de quienes nos la dieron a nosotros.
