Una de ellas resulta, para a mí al menos, incomprensible. Y supongo que para muchas otras personas también. Me refiero a la emigración masiva de jóvenes con formación superior al extranjero. Vivimos en un mundo de especialización creciente, en el que los trabajadores, ellos y ellas, deben adquirir si quieren acceder al mercado laboral una formación específica para el nicho profesional de su elección. Una formación que es cara y compleja, y que pocos países están en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos con la suficiente calidad.
Las universidades españolas no salen en esas clasificaciones que están hoy tan de moda de “las cien mejores del mundo” o “las cincuenta más megafashion de Europa”. Sin embargo, aquí se forman los mejores médicos y los mejores ingenieros del mundo, los mejores maestros y los mejores economistas. Sin alharacas, sin publicidades engañosas, pero con mucho, mucho saber aprendido y enseñado de generación en generación, estando siempre a la última. Pueden preguntar en cualquier país de nuestro entorno. La respuesta les sorprenderá.
Pero la formación universitaria es cara. Muy cara, a decir verdad. El coste medio de formar a una chica o a un chico en nuestra universidad supera los 60.000€, con las naturales diferencias entre carreras y universidades. En el pago de este coste participan el Estado y las familias, estas últimas en una proporción cada día mayor y el primero, progresivamente menor. Pero para el caso que nos ocupa, este dato, el del reparto del coste, es nimio, independientemente de la creciente injusticia del mismo. Salga del bolsillo del que salga, lo que sí es cierto es que este coste lo paga, de una forma u otra, España.
En una situación normal, los chicos y chicas que han terminado una carrera universitaria encontrarían trabajo en un periodo no demasiado largo de tiempo. A veces, o muchas veces, no en su especialidad, pero siempre más rápidamente que quienes no tengan ningún tipo de formación. Con su trabajo empezarían a devolver al conjunto de la sociedad el coste de su formación superior. Crearían riqueza, comprarían y venderían productos y servicios, innovarían e impulsarían el país hacia adelante, pagarían impuestos, y en poco tiempo su actividad económica habría enjugado el precio de su carrera universitaria y empezaría a rendir beneficios para el resto del país.
Pero “Spain is different”. Veamos un ejemplo. Nosotros, los españoles, nos gastamos 70.000€ en formar, por ejemplo, a un médico. Después, durante los cuatro o cinco años de especialización, además del coste de esta formación está el salario que el médico interno residente cobra por su trabajo. Y una vez finalizado el proceso formativo, pues ahí te las compongas: el doctor o doctora con la mejor formación del mundo se encuentra ante un mercado laboral cerrado, sin oportunidad de trabajar aun teniendo en cuenta el gran déficit de profesionales médicos que padecemos en nuestro sistema sanitario, o con contratos que exigen trabajar 25 horas al día siete días a la semana por menos del salario mínimo. Y como en esta vida todo depende del color del cristal con que se mire, cuando los médicos españoles sin futuro vuelven sus ojos a los países de nuestro entorno, estos países aplauden a rabiar y los reciben con los brazos abiertos.
Y no es para menos. Volvamos a la media de 60.000€ por universitario formado en nuestro solar patrio. Hagamos un cálculo conservador de unos 30.000 chicos y chicas españoles que salen anualmente, con sus carreras en la mochila, a buscarse la vida en los países vecinos, o incluso más allá. Eso hace un total de 1.800.000.000€ (en cristiano, mil ochocientos millones) que España se ha gastado para que esos chicos y chicas aprendan el oficio por el que cobrarán, tributarán, innovarán y crearán riqueza en sus países de acogida. Mil ochocientos millones anuales regalados a países que, prácticamente en todos los casos, son más ricos que el nuestro. Y miles de jóvenes, buena parte de la mejor juventud de nuestro país, que abandonan hogares y familias y que deben abrirse paso en un entorno que no es el suyo, con el coste humano que ello conlleva.
“Movilidad geográfica”, lo llaman unos. Otros, la “natural inquietud juvenil”. Otros, “perfeccionamiento laboral”. Pero deberíamos preguntar a quienes tienen que irse muy, muy lejos, cómo calificarían su emigración forzada. Desde luego, no con los eufemismos que aplican muchos políticos para esconder los efectos más perversos del fracaso de su gestión. Yo propongo un nombre: suicidio en diferido. Nuestro país pierde ingentes cantidades de dinero; pierde trabajadores sumamente cualificados necesarios para el proceso productivo; pierde a buena parte de los ciudadanos más innovadores y dinámicos; pierde el empuje de esta juventud, sus ganas de cambio y de mejora, y en consecuencia nuestra sociedad se anquilosa, deja de mirar al futuro. Y así, poco a poco, pero cada día con mayor rapidez, nuestro país deja de avanzar y comienza a retroceder, a morir poco a poco, a suicidarse en diferido.
¿Hay soluciones? ¡Claro que las hay! Que no achaquen a la crisis estrategias económicas que sólo buscan disminuir el coste de la mano de obra, sea cual sea su cualificación, y que hasta las instancias internacionales más conservadoras recomiendan eliminar. Les aseguro que si un joven español encuentra un trabajo dignamente remunerado en su país, sólo pensará en irse al extranjero para pasar unos días de vacaciones y conocer mundo.
Y si no, si todo sigue igual, una propuesta tan absurda como lógica: cierren todas las universidades españolas. Total, sólo sirven para gastar dinero, para que se aprovechen otros de nuestro esfuerzo y para formar a ciudadanos conscientes y críticos, lo cual es muy, muy peligroso.
