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Martes, 18 de Diciembre del 2018
Sábado, 10 Noviembre 2018

Vergüenza, indignidad, incredulidad

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Tino Mulas Tino Mulas

CLR/Tino Mulas.

Indignación. Es lo que recorre España como una ola desde el pasado martes, cuando en una decisión sin precedentes la sala tercera del Tribunal Supremo, en un giro radical inesperado e ¿inexplicable? ha contradicho a sus propios magistrados y ha declarado que cuando se contrata una hipoteca son los hipotecados los obligados a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no el banco, verdadero beneficiario de registrar como acto jurídico la hipoteca.

La verdad es que los hipotecados de España, numerosos y sufrientes, nos las prometíamos muy felices cuando varios fallos de diversos magistrados obligaban a los bancos a pagar este impuesto. Por el contrario los bancos fintaban y amenazaban con subir las hipotecas y dificultar el acceso a las mismas si se hacía realidad este cambio. De forma no inmediata sino instantánea el presidente de la sala tercera del Supremo tocaba a rebato y reunía a sus jueces para, como se ha visto después, anular sus propias sentencias y declarar sin empacho que tenía que ser el hipotecado quien pagase el impuesto. Y ello con un proceso de discusión que, por lo que se está empezando a conocer, fue de todo menos ordinario.

 

¿Qué ha pasado? Pues que los tentáculos de la banca y su poder son largos. Porque no existe otra explicación para la celeridad y la contradicción en la que ha incurrido el Tribunal Supremo, protector de bancos y eléctricas y azote de la gente normal y corriente, de usted y de mí, que pagamos con gran esfuerzo una hipoteca para poder vivir en una casa propia que en la inmensa mayoría de los casos no es un palacio en un barrio elegante, sino un humilde piso en una zona popular y obrera. Y fíjense, jueces del Supremo, que somos los españolitos tan tontos que nos pusimos contentos con los fallos que otros jueces emitieron a favor de nosotros los hipotecados, de la gente corriente. Fallos que no sólo protegían a los humildes frente a los todopoderosos bancos, sino que se basaban en la ley y la legitimidad y cumplían además las sugerencias (que pronto se convertirán en órdenes) de la Unión Europea en este sentido.

 

Y es que llegamos a creer que por fin la justicia era justa y que se podía confiar en ella. Craso error. No todos los jueces, pero sí muchos miembros de la judicatura fallan ineluctablemente a favor del poder económico siempre que alguien lo desafía. Sentencia tras sentencia el sistema judicial español pierde legitimidad ante el pueblo al que debe defender y demuestra no sólo sus lazos con el poder político sino también, e incluso más fuertes, con el poder económico. Y decisiones como la tomada dejan el prestigio del Tribunal Supremo por debajo del nivel de las alcantarillas. Me gustaría saber cuántos españoles confían hoy en la justicia de su país, capaz de una indignidad como la cometida el pasado martes y de pedir el mismo día tres años de prisión por el robo de un bocadillo en una panadería por un desharrapado muerto de hambre que amenazó a las dependientas con una lata abierta.

 

No hay que generalizar. Muchos, muchísimos jueces y juezas cumplen con su deber e incluso van más allá. Hay que cumplir las leyes, porque son nuestra defensa contra la barbarie y la arbitrariedad. Pero cuando asistimos a actos de este tipo la incredulidad ante el atropello deja paso a la indignación, a la rabia, a la constatación de que nos han tomado el pelo quienes deberían aplicar la justicia, la ley, pero que retuercen y desvirtúan esta en beneficio de los grandes poderes. Y aunque piense que conozco la razón de esta desvergüenza, aunque esté incluso seguro de que sé el por qué, no voy a decirla. Y no la voy a decir por un hecho muy simple: porque hemos llegado a un punto en el que decir la verdad puede acarrearnos la persecución judicial por estos mismos jueces de cuya integridad no estamos muy seguros.

 

A lo que hemos llegado.

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