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La Policía Nacional desarticula en Cieza una empresa de trabajo temporal que captaba y explotaba a inmigrantes en situación irregular

Agentes de la Policía Nacional junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo de la Región de Murcia han llevado a cabo un operativo contra la explotación laboral en una finca de grandes dimensiones ubicada en el municipio de Cieza.

En base a denuncias recibidas, se ha detectado el establecimiento de  Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que se dedica a captar mano de obra ilegal para suministrarla a empresas de la región de Murcia.

Las investigaciones tuvieron como resultado determinar la inspección de la finca donde se identificaron a 110 personas trabajando, de las cuales 50, 47 hombres y 3 mujeres de origen magrebí todos ellos, además de trabajar sin contrato de trabajo ni alta en Seguridad Social, se encontraban en situación irregular.

Las diferentes declaraciones recogidas y las investigaciones llevadas a cabo por el grupo especializado perteneciente a la Policía Nacional han permitido detener a siete varones de origen magrebí como responsables de organizar, captar y trasladar a los trabajadores de la finca, que recogían durante la madrugada en diferentes puntos de la región, donde al parecer estaban sometidos a unas condiciones laborables abusivas y restrictivas de derechos.

Como resultado del centenar de identificaciones, llevadas a cabo durante el dispositivo, para comprobar y verificar la documentación aportada por cada uno de los trabajadores, se produjo la detención de 57 personas, 50 por infracción ley de extranjería, y 7 por favorecimiento de la inmigración clandestina.

Tanto el trabajador sin permiso de trabajo o residencia legal al acceder al mercado laboral y otros derechos sociales, como el trabajador que cede o vende su documentación obteniendo un beneficio económico previamente pactado, además de obtener días de cotización sin realizar la jornada laboral, con el beneficio posterior de obtener futuras prestaciones por un trabajo no realizado, todas estas conductas fraudulentas suponen un perjuicio claro a la Seguridad Social. Continuando la investigación abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.