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Curiosidades de la justicia

Dura lex ,sed lex… Así se referían los romanos a la ley, un invento no suyo, pero sí muy suyo, que todavía rige nuestros destinos judiciales y legales más de dos mil años después del inicio del invento legislativo de los hijos de la loba (capitolina).

La ley es dura. Pero es la ley. Y hay que cumplirla. Porque la ley, en teoría, es ciega. Y trata por igual a toda la ciudadanía, sin distinción de sexo, clase o religión.

O así debería ser. Pero, lamentablemente, o al menos en la opinión de muchos y muchas ciudadanos de este país, la cosa no está tan clara. Y es que en la justicia española fallan cosas de principio. De base. Cosas que no deberían ocurrir, ocurren. Y esas cosas empañan lo que debería ser una justicia neta, limpia, sin asomo de parcialidad al menos. Y ello suscita una viva inquietud en la ciudadanía.

Y es que en España, en opinión de quien esto suscribe, falla la base de la organización del estado, que no es otra que la división de poderes y la independencia de los mismos. Porque en España los principales órganos judiciales, léase Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, son elegidos mediante acuerdo de los partidos políticos según un sistema de cuotas que responde al reparto del poder político en el parlamento, del cual surge además el gobierno. Es decir, y para que nos entendamos, en España los tres poderes, que deberían ser independientes, están tan entrelazados que es casi imposible desenmarañar la tupida madeja que los mantiene unidos.

Por ello algunos partidos políticos que no están hoy en el poder, como el Partido Popular, han intentado detener e incluso paralizar la renovación de unos órganos judiciales que se eligieron cuando dicho partido estaba en el poder. Este predominio en la cúpula judicial le ha valido escandalosos beneficios, en forma de sobreseimiento o de sentencias no ya benignas, sino entusiastas a favor de los inculpados en las numerosísimas tramas corruptas de miembros de la formación política que incluso ha sido condenada como tal por corrupción. Y el partido que está ahora en el gobierno desea hacer valer su mayoría parlamentaria para ascender a la cúpula del poder judicial y tener a este no ya de su lado, sino colaborando con él.

Así es difícil tener una democracia de calidad. Casi imposible. Y hay quien propone, con toda la demagogia del mundo y como solución mágica, que sean los propios jueces los que elijan a quien guíe al poder judicial. Hermosa propuesta, salvo por una cuestión:debido a la necesidad de contar con un buen colchón económico para poder acceder a él y por la endogamia existente en el mismo, la mayoría de los jueces y letrados son netamente conservadores, por lo que este sistema de elección perpetuaría el predominio de los partidos de esta opción política en los órganos judiciales de gobierno. Claro que podría ser, en teoría, una buena solución. Pero en la práctica, sería más de lo mismo.

¿Entonces, cuál sería el sistema ideal para elegir a quienes deben comandar y guiar el poder judicial? Pues, en opinión de quien esto escribe, los miembros de los principales órganos de gobierno del poder judicial deberían ser elegidos directamente por el pueblo. Tendríamos que fijarnos en un sistema como el estadounidense. Vale, tenéis razón los que pensáis que Estados Unidos no puede dar muchas lecciones en cuanto a organización y funcionamiento democráticos. Pero en cuanto a la elección de buena parte de su sistema judicial, sí puede dar lecciones. De hecho buena parte de los jueces y los fiscales son elegidos directamente por los ciudadanos, sobre todo en los niveles inferior y medio. Incluso los mandos policiales son también elegidos por la ciudadanía en muchos de los estados. Es cierto que en la elección del Tribunal Supremo interviene directamente el presidente, quien coloca en este organismo a jueces que le sean fieles y cuya ideología sea notoriamente coincidente con la suya. Pero al menos una parte importante de la carrera judicial se hace por elección popular.

Y precisamente el poder judicial en España tiene un origen ciudadano. La justicia sen nuestro país surge del pueblo, por lo que debería ser el pueblo quien eligiese sus órganos de gobierno. Cierto es que los representantes del pueblo, los partidos políticos, son quienes ejercen el derecho a seleccionar a quienes gobiernan el poder judicial. Pero resulta notorio que los partidos, las más de las veces, utilizan esta capacidad para manejar la justicia en su propio beneficio, y no en el del pueblo español, del que emana en teoría tanto el poder legislativo como el ejecutivo y el judicial.

Aunque, curiosamente, parece que esta teoría se les olvida a muchos cuando les conviene.