Acaba de hacerse pública, tras década y media de espera, la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso que presentó en su momento el Partido Popular sobre la ley de salud reproductiva (léase aborto) que el PSOE aprobó en tiempos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un poco más y nos jubilamos esperando el pronunciamiento del Constitucional sobre el tema. Y eso que estaba claro cuál iba a ser el veredicto, a tenor del documento que redactó el portavoz del alto tribunal, del sector conservador del mismo, en el que se reconocía la validez de la ley y se proponía, como máximo, la información verbal a la mujer que deseaba interrumpir su embarazo sobre el proceso que iba a iniciar. Un añadido que rechazó la mayoría progresista del Constitucional para validar la ley tal cual se promulgó, sin prácticamente ningún problema ni resistencia dentro del mismo.
La cuestión es que estamos hablando de una realidad que, se esté de acuerdo o no con ella, existió, existe y existirá. Se puede estar o no de acuerdo con el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, se puede argumentar a favor o en contra, se puede calificar de inmoralidad o de derecho, pero el aborto está ahí. Nadie puede negar que a través de los tiempos, e incluso en épocas de prohibición extrema como en la dictadura franquista, el aborto ha sido una práctica habitual. Eso sí, con diferencias sociales que se traducían en diferencias sanitarias de consecuencias muchas veces mortales. Así, las hijas de familias pudientes que cometían, como se decía en aquel entonces, un desliz, viajaban a Londres en primera clase en un pretendido tour turístico que acaba en una clínica de interrupción del embarazo que no hacía preguntas, pero cobraba minutas abultadas por realizar abortos. Ello mientras sus padres, los mismos que pagaban el paseo londinense de sus hijas, abominaban en público de esta “inmoralidad” y exigían castigos ejemplares a las gestantes que abortaban y a los médicos que les ayudaban. Mientras la plebe, o sea la inmensa mayoría, tenía que buscarse la vida en clínicas clandestinas que no cumplían las mínimas condiciones sanitarias o en casa, en manos de alguna “experta” que muchas veces practicaba auténticas carnicerías; como consecuencia muchas mujeres sufrían gravísimos daños ginecológicos o incluso morían en estos abortos clandestinos.
Legislar sobre el aborto en España ha sido siempre complicado. EL conservadurismo de una buena parte del país y la influencia de la Iglesia Católica han sido un obstáculo muy importante a los intentos de poner orden en la cuestión y de garantizar que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo reciban una atención médica y sicológica adecuada, para evitar así las desgracias que se repetían antaño día sí, día también. Sin embargo hay que decir que una amplia mayoría de los españoles reconoce la existencia de este derecho y la necesidad de regularlo. Y ello no significa que a esta mayoría de españoles el aborto les parezca algo bueno. De hecho, no creo que nadie piense esto. La decisión de interrumpir el propio embarazo debe ser dificilísima de tomar, puede que la más difícil y dolorosa que una mujer deba considerar a lo largo de su vida. Pero los demás no somo quiénes para juzgarla, porque se trata de su propio cuerpo y de su propio futuro, y nadie puede ni debe disponer de lo que el prójimo haga con su vida. Dentro, naturalmente, de unos plazos que la ciencia (la ciencia, sí) define como límites para no afectar a un ser humano que tenga la consideración de tal.
Es cierto que en España los grupos conservadores han utilizado el derecho al aborto como arma política. Con muy escasa coherencia, porque tras acceder al poder tras las elecciones de 2011 por mayoría absoluta, el Partido Popular no hizo absolutamente nada para derogar esta ley que anteriormente había recurrido ante el Constitucional e instaurar otra más restrictiva, como había prometido previamente. Y no lo hizo, con toda seguridad, porque sus expertos jurídicos sabían que se trataba de una ley que se ajustaba a la Constitución y que acataba perfectamente el ordenamiento legal español y europeo. De hecho, el actual líder del PP, Núñez Feijóo, lo ha dejado claro: aunque no se trata de un derecho esencial internacionalmente reconocido, sí se ajusta plenamente a la legislación y a los derechos vigentes en España, y también en Europa. Por lo tanto, está fuera de toda duda la legalidad de su actual estructura jurídica.
Aunque nos disguste, no nos guste o respetemos o no el derecho de la mujer a tener el control en exclusiva de su propio cuerpo, la cuestión es que ese derecho existe, protege a la mujer y estructura todo el proceso a seguir, con plazos y condiciones. Y habiendo dado su plácet el Tribunal Constitucional a su actual estructuración legal, no cabe ninguna discusión jurídica al respecto, y tampoco moral, ya que la moral puede ser cambiante, etérea, individual o parcial, pero la ley es la ley y nos obliga a todos.
En resumen, es cuestión de derecho.
