El pasado jueves 20 de abril se votaba y aprobaba en el parlamento nacional la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida a nivel popular como ley del “sólo sí es sí”. Esta ley pretendía garantizar la libertad sexual de las mujeres a través de la creación de un solo delito de agresión sexual que incluía también el anterior de abuso, estableciendo el consentimiento de la mujer como indispensable para cualquier tipo de relación sexual, y el castigo como agresión en caso de no existir éste.
Loable objetivo, sin duda, ya que en adelante los agresores y los abusadores se asimilaban para castigar cualquier violencia sexual contra la mujer de forma muy severa. De hecho, las condenas que se han producido mediante la nueva ley endurecen de forma visible su dureza.
Ahora bien, el problema radicaba en los delitos que ya se habían producido y que habían sido juzgados mediante la ley anterior. Porque la nueva ley preveía penas de cárcel más leves en algunos casos que las incluidas en dicha ley. Y por si no lo sabéis la Constitución española y nuestro corpus jurídico garantizan a quienes fueron juzgados y condenados por una ley antigua que se les aplique la nueva si ésta les beneficia de alguna manera. Principio al que de forma inmediata se acogieron numerosos delincuentes sexuales condenados en firme como tales, produciéndose de este modo una auténtica cascada de reducciones de penas e incluso de excarcelaciones cuando los condenados hubiesen cumplido ya las penas previstas en la nueva ley. En el momento de escribir esta columna, más de 700 condenados por delitos sexuales con la ley antigua han obtenido rebajas de penas, y más de 70 han sido excarcelados.
En realidad, sólo uno de cada cuatro recursos presentados por los presos ha sido fallado positivamente para ellos. Pero esos centenares de casos favorables a los condenados han causado un enorme revuelo social. En primer lugar, se trata de una auténtica bofetada para las víctimas y sus familias, que tienen que sufrir que sus agresores vean sus penas rebajadas o que incluso salgan a la calle antes de tiempo. En segundo lugar, esta circunstancia ha sido aprovechada por la oposición, la cual ha encontrado la mejor de las municiones para disparar a bocajarro al gobierno de coalición. Tanto que ha provocado una evidente crisis en éste, que al menos en este asunto ha significado una ruptura total.
¿Por qué ha ocurrido esto? Para los miembros del gobierno más a la izquierda, lo que ha pasado es que los jueces más retrógrados y machistas han aprovechado la ocasión para atacar a las víctimas, a las mujeres, intentando mantener el patriarcado existente. Algo así como un contubernio, un compló contra el feminismo y la mujer. Explicación un tanto peregrina, ya que los jueces están obligados a cumplir la ley, incurriendo en caso contrario en delito de prevaricación. Y esto no lo digo yo; lo dicen eminentes juristas de carácter progresista que saben muchísimo más que yo de las leyes de todo tipo, y de éstas en particular.
Sin embargo, desde el sector más progresista del gobierno de coalición se planteó una actitud inmovilista, incapaz de responder al problema que les causaba (a ellos y a la ciudadanía española) una ley visiblemente imperfecta en su concepción y que debía ser reformada. Hasta el punto de que esta actitud numantina provocó (junto a otras cuestiones) un desgaste tan evidente de los partidos que conforman la coalición y de ésta misma que el PSOE, socio mayoritario, decidió que había que hacer algo para frenar la sangría de votos que estaba sufriendo y el desprestigio en un tema que, hasta poco antes, era una de las banderas y principales señas de identidad de su partido y de toda la izquierda, que no es otro que el feminismo.
Y así se decidió a pactar con la oposición, con el Partido Popular, una reforma de la ley que no se pudo consensuar entre los dos socios de gobierno. Otros grupos de centro y centro derecha se sumaron a la reforma, pero sin duda la noticia era precisamente ésa: PSOE y PP pactaban la reforma de la ley al margen del socio de coalición del primero, Unidas Podemos.
¿En qué consiste la reforma? Aunque son varios los artículos retocados, lo más llamativo es que se añade un subtipo de agresión con pena agravada cuando median intimidación y violencia. Se pretende con ello eliminar la posibilidad de que delincuentes sexuales ya condenados (en especial violadores) puedan ver reducidas sus condenas. Sin embargo, esta reforma va en contra de las tesis de Unidas Podemos, que cree que el nuevo subtipo desplaza el carácter primordial del consentimiento para que se produzca el delito. También se tipifica nuevamente el delito de distribución de contenidos que incitasen a la violencia sexual a los menores de 16 años, destipificado en la ley original.
Así están las cosas. Naturalmente, el Partido Popular ha aprovechado la oportunidad que se le ha brindado para proclamar que “ha torcido el brazo al gobierno de coalición” y que ellos son los auténticos feministas, mientras que el entendimiento entre los partidos que conforman aquél cae a mínimos y la unidad del feminismo queda completamente rota. Al mismo tiempo dentro de Unidas Podemos la ruptura es cada vez más evidente entre los dos miembros de la coalición electoral. Todo ello, a apenas un mes para las elecciones municipales y autonómicas.
En fin, no se puede dudar de que la ley en un principio presentaba fallos estructurales evidentes, aunque su espíritu era, y es, tremendamente positivo. Queda por ver si los retoques son suficientes para eliminar esos fallos y mejorarla. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que sus consecuencias políticas van mucho más allá del ámbito que abarca esta norma.
