IU-Verdes de Cieza, a través de su coordinador, Francisco saorín, ha mostrado su rechazo al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tanto por no haberse tenido en cuenta a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas y porque supondrá la demolición del modelo de gestión pública puesto en marcha desde 1979.

Así lo han informado los ecosocialistas en un comunicado de prensa, en el que señalan que "frente a los ahorros que se anuncian, para IU-Verdes, la reforma supondrá un grave recorte de los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía; destruirá cientos de miles de empleos públicos en el ámbito local e invadirá competencias autonómicas -contraviniendo así la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España en 1988".

Cuestiones "ideológicas"

A juicio de IU-Verdes, el cambio obedece no a razones de eficiencia y eficacia, sino a cuestiones de índole ideológica, orientadas a la recentralización del Estado, desde una posición autoritaria del PP, escudado en su mayoría absoluta.

El coordinador de IU-Verdes en Cieza, critica la propuesta del PP, ya que en vez de eliminar duplicidades las refuerza, al dotar de más contenidos a organismos como las Diputaciones Provinciales. "Con esta reforma de la Administración Local se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local, la administración más cercana, en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno".

Para Saorín, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, dónde se recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, está en la coartada para acometer esta modificación del modelo de gestión pública. Según el dirigente ecosocialista, "a esta obsesión por los recortes se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares".

La justificación de que la reforma eliminará duplicidades y las competencias "impropias" no se sostiene, afirma Saorín. "No se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas, sin su correspondiente financiación. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local".

"La reforma encubre el tutelaje de una administración sobre otra, ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones", concluye Saorín.