Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No hay día que no nos desayunemos con la noticia de uno, o varios, desahucios. No pasa semana sin que los medios de comunicación nos ofrezcan las desgarradoras imágenes de familias con niños pequeños o ancianos desvalidos echados sin piedad a la calle, muchas veces por fondos buitre que han comprado las viviendas que habitaban a organismos oficiales en operaciones que apestan a chanchullo corrupto.
El caso es que a pesar de lo repetidamente que se anuncia que la crisis ha sido superada, el número de desahucios sigue siendo muy alto. Incluso va en aumento, en especial los debidos a impagos en el alquiler.
Y es que parece ser que la vivienda, un bien imprescindible cuyo acceso debería estar protegido, vuelve a convertirse en objeto de la especulación más descarada. En esta ocasión en el ámbito del alquiler, ya que los precios de compraventa todavía están lejos por lo general de los alcanzados durante la última burbuja inmobiliaria. El caso es que la proliferación de apartamentos y pisos turísticos y la entrada de capitales especulativos en el sector han tenido como consecuencia un aumento espectacular de los alquileres medios en España. Hay que tener en cuenta además que el sector del alquiler es en nuestro país aquel al que se acoge buena parte de la población más desfavorecida. Ello se debe a la tradicional preferencia en nuestra cultura por la compra y la tenencia en propiedad de la vivienda, que hace que por lo general quien pueda compre en vez de alquilar. Salvo casos de desplazados o de personas de alto poder adquisitivo que no viven mucho tiempo en un mismo lugar, son los jóvenes y las familias con menos capacidad económica los que recurren al alquiler.
Y como además el mercado de alquiler tiene una regulación que protege sobre todo al propietario, pues el resultado es el que vemos en los informativos: decenas de miles de personas tienen que abandonar las viviendas en las que habitaban (a veces desde décadas) porque al cumplirse sus contratos de alquiler (de corta duración) sus caseros suben considerablemente la renta y los arrendatarios no pueden hacer frente a los nuevos precios. O si lo intentan no lo consiguen, dados los bajos salarios que hoy en día tienen o padecen buena parte de los trabajadores españoles.
Y luego está el caso de los fondos buitre, que han visto en el alquiler de vivienda en España una mina que explotar. Estos fondos han comprado viviendas sociales de titularidad pública en muchas grandes ciudades españolas, en operaciones escandalosas en las que familiares o socios de las autoridades municipales o autonómicas se hacían con vivienda pública muy bien ubicada en la mayor parte de los casos a precios irrisorios. Operaciones que hoy en día están siendo investigadas y declaradas muchas de ellas ilegales. El caso es que en estas compras los fondos de inversión, o mejor dicho los fondos buitre, se comprometían a mantener los alquileres de las personas que ocupaban estas viviendas públicas, casi siempre alquileres sociales para familias con pocos recursos. Pero este compromiso duraba apenas lo que duraba el contrato de arrendamiento en vigor. En cuanto llegaba el momento de renovarlo, el precio del alquiler se duplicaba o triplicaba, con el resultado que todos conocemos: desahucios, familias que debían buscar una nueva vivienda a precios de mercado, sufrimiento en resumen. A todo ello debemos sumar la cara más conocida durante la crisis de los desahucios: la de la familia cuyos miembros quedaron en paro y no pudieron hacer frente al pago de su hipoteca y fueron por tanto víctimas de los bancos que les habían prestado el dinero con muy poco o ningún control. Y no debemos pensar que esta tragedia ha terminado ya que, aunque menos habitual, no ha desaparecido ni mucho menos del panorama de la desgracia social española. Y lo peor de todo es que estamos hablando de un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española de 1978, un derecho que el estado y la sociedad deberían garantizar como es su deber político, legal y humano.
A nuestros políticos se les llena la boca con palabras como democracia, respeto a la ley, estado social de derecho, Constitución, etc. En todos los casos todas estas normas y sistemas tienen entre sus principios fundamentales el derecho a una vivienda digna, pero curiosamente este derecho, como muchos otros, no se garantiza ni se hace cumplir en demasiadas ocasiones. Más bien al contrario, se hace negocio con él.
Y después se quejan de que la gente se esté volviendo antisistema. ¿Pero en realidad les sorprende?
