Ha transcurrido un año desde la publicación en el BOE de la Ley de Tasas Judiciales, por éste motivo el PSOE de Cieza ha remitido un comunicado de prensa en el que reitera su rechazo a las tasas judiciales y realiza una valoración un año después de su aplicación. Según fuentes de la agrupación socialista de Cieza, la Ley de Tasas ha privado a muchos miles de ciudadanos y ciudadanas de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, rompiendo además el principio de igualdad, ya que quienes gozan de un gran poder adquisitivo no se han visto extremadamente perjudicados, pero sin embargo, la mayoría de la ciudadanía no ha podido acudir a los Juzgados en igualdad de condiciones. El gobierno del PP con Gallardón a la cabeza ha conseguido unir en contra de la Ley de Tasas a abogados, jueces, fiscales, procuradores, notarios, graduados sociales, personal del servicio de la administración de justicia y registradores. Considerando todos estos sectores que la citada Ley es muy perjudicial para la ciudadanía.

Por otro lado, también hay que destacar que la recaudación ha sido menor de lo esperado, ya que según datos aportados por el Secretario general del PSOE de Cieza, Antonio Ignacio Martínez-Real “hasta el mes de Septiembre la recaudación ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos para todo el año. El ministerio ha incumplido su compromiso de destinar el importe de las tasas a la mejora de la asistencia gratuita, y a fecha de hoy desconocemos el destino del dinero recaudado ya que no se refleja en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia. A todo ello debemos añadir la pésima gestión de las tasas judiciales que se ha llevado a cabo con una total descoordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda”.

Finalmente, concluye Antonio Ignacio Martínez-Real, “el único efecto de la ley de tasas ha sido disuadir a los ciudadanos y obstaculizarles el acceso a la justicia, creando diferencias entre quienes sí pueden acceder a la Justicia y quienes tienen serias dificultades, y todo ello vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, y a la vista del resultado tan negativo que esta Ley ha tenido un año después de su aplicación, procede que el gobierno escuche a toda la ciudadanía en general, y en particular a los colectivos que se han pronunciado contra esta Ley, y proceda de inmediato a su derogación”.