En estas últimas semanas se está conociendo una nueva trama de corrupción que parece estar dejando en pañales a todo lo visto anteriormente. Pero ésta es diferente. Y lo es porque no sólo se trata de robar, estafar, corromper, malversar, prevaricar, apropiarse indebidamente y casi todo el catálogo de delitos recogido en el Código Penal; también han intentado los implicados manipular la estructura judicial para colocar en los puestos clave a acólitos o amigos que les libren de cualquier responsabilidad en el caso (que parecía improbable) de que algunas de sus fechorías vergonzosas saliese a la luz. Y en verdad que parecían haberlo conseguido.
O quizás en realidad lo consiguieron. En los últimos meses, y con relación a otros casos de corrupción (algunos de ellos “muy nuestros”), se había desarrollado una gran polémica por la sustitución de jueces y fiscales especialmente señalados en la lucha contra la corrupción, cuyos cargos fueron ocupados por personas de dudosa cualificación o experiencia para dichos puestos.
Nadie se imaginaba hasta qué punto esos movimientos en la judicatura estaban calculados. Nadie, hasta que de pronto se hizo pública una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de la democracia. Y pudimos escuchar de boca de los implicados, con nombres y apellidos, a quién había que quitar de en medio en la fiscalía anticorrupción y por quién debía ser sustituido. Y sobre todo por qué. Y entonces todo se hizo claro.
Y vimos cómo estos parásitos del pueblo español no sólo robaban al Estado y a los españoles sin miedo y sin límite, sino que además se guardaban bien las espaldas ante la posibilidad de que se descubrieran sus miserables tejemanejes. Y supimos que sus hombres en el aparato judicial intentaban torpedear y limitar las investigaciones en curso para desenmascararlos. Y fuimos informados de que altos cargos de la judicatura, incluido, parece ser, alguno del gobierno, daban el “queo” (en argot carcelario) a los “presuntos” delincuentes de que estaban siendo investigados. Y pudimos enterarnos de que estos “presuntos” se reunían con quienes habían jurado defender la ley y la justicia para vaya usted a saber qué. Y que ni el gobierno (con minúscula) ni la cúpula de anticorrupción, ni de interior ni la fiscalía (también con minúscula) se cortaban un pelo a la hora de justificar sus injustificables actuaciones, echando la culpa a la prensa de todo lo que ellos habían hecho.
Y dejando la imagen del país por los suelos, y también la moral y la fe en la democracia y en la justicia de los españoles. ¿Es ésta la marca España de la que tanto hablan? Miren ustedes las portadas de los periódicos europeos, en las que salimos sin cesar por los inauditos casos de corrupción que se dan en nuestro país. Tan inauditos que estamos dejando a la altura del betún a expertos en la materia como la mafia italiana y su tangentópolis. Y encima insultan a los ciudadanos españoles dignos, trabajadores y cumplidores de sus deberes; nos roban y además nos echan la culpa a las víctimas, cuando no se ríen abiertamente de nosotros.
Porque es ya una cuestión personal. Hace poco se hizo público que lo que nos han robado estas sabandijas nos ha costado a cada español 500€. Nada más y nada menos. Sí, señoras y señores, nos roban. Y encima nos llaman imbéciles. Y quienes deberían perseguir a estos chorizos o los tapan, o los protegen, o dicen que no saben nada. O que no quieren comentar nada.
Hace casi un siglo un dictador que tuvimos en España dijo: “los españoles son muy buena gente, y a poco que quienes les gobiernan dejaran de hacerles la puñeta, España se convertiría inmediatamente en uno de los mejores países del mundo”. Pero estamos sobrepasando todos los límites, y la situación es tal que los españoles ya están hartos. Y de aquí, de este hartazgo, puede surgir cualquier cosa.
Y no nos lo merecemos. De verdad.
